Este lunes, la Asamblea de Antioquia comenzó el debate sobre el impuesto a la seguridad propuesto por el gobernador Andrés Julián Rendón. La iniciativa busca financiar estrategias de seguridad mediante un cobro adicional en la factura de servicios de EPM. Aunque el mandatario logró reunir el respaldo de más de 100 alcaldes de diferentes municipios, la propuesta enfrenta resistencias significativas por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sectores empresariales, y el presidente Gustavo Petro, quienes cuestionan tanto su viabilidad jurídica como su impacto social.
Federico Gutiérrez, conocido como “Fico” y tradicional aliado de Rendón, se opuso abiertamente al impuesto a través de su movimiento Creemos, argumentando que este podría traer problemas legales y afectar a los usuarios de EPM. En una línea similar, Gustavo Petro calificó el tributo como “regresivo” y afirmó que “un impuesto a la energía es quitarles la comida a los pobres y trabajadores de Antioquia”. Por su parte, EPM también expresó preocupaciones, señalando que el mecanismo propuesto podría poner en riesgo su operación y generar conflictos jurídicos.
A pesar de las críticas, Rendón defendió la propuesta asegurando que el impuesto estaría dirigido únicamente a los estratos 4, 5 y 6, así como a sectores industriales y comerciales, sin afectar al 85% de los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3. El gobernador enfatizó que los recursos recaudados son esenciales para fortalecer la seguridad del departamento y advirtió que no retirará el proyecto de la Asamblea, como ocurrió en julio pasado. “Mi compromiso es hacer que las cosas pasen, y este impuesto es una medida responsable para proteger a los antioqueños”, declaró.
El desenlace del proyecto está en manos de la Asamblea, donde las fuerzas políticas están divididas. Mientras el Centro Democrático respalda la propuesta, Creemos ya anunció su voto negativo, y otros partidos como los liberales, Mira y ASI aún no definen su postura. La incertidumbre creció tras una recusación presentada contra dos diputados del Centro Democrático, lo que obligó a suspender el debate. Con el tiempo en contra, el gobernador enfrenta una carrera contrarreloj para asegurar que el proyecto sea debatido antes del cierre del periodo legislativo el 30 de noviembre.
