El proyecto de ordenanza impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para la creación de un nuevo impuesto a la seguridad sigue generando tensiones políticas y rechazo en diferentes sectores. Aunque la propuesta, que busca recaudar 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027, ha sido presentada oficialmente ante la Asamblea Departamental, enfrenta oposición desde la Alcaldía de Medellín, los diputados del movimiento Creemos y gremios empresariales.
El impuesto sería cobrado a través de la factura de energía de EPM y afectaría a los hogares de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial. Sin embargo, las familias de estratos 1, 2 y 3 estarían exentas. Los recursos recaudados se destinarían a proyectos de seguridad como cámaras, una cárcel departamental, infraestructura para la Fuerza Pública, escenarios deportivos y dotación tecnológica.
Aunque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, medios locales como El Colombiano informaron que el mandatario, quien también preside la junta directiva de EPM, estaría en desacuerdo con la propuesta del gobernador. Esta posición sería respaldada por los cinco diputados del movimiento Creemos, quienes votarían negativamente el proyecto de ordenanza en la Asamblea Departamental.
De confirmarse esta postura, sería un golpe político para Rendón, quien necesita el respaldo de los diputados para que la iniciativa sea aprobada. La propuesta también ha sido duramente criticada por Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia, que señalaron que la solución a las problemáticas de seguridad no puede ser la creación de nuevos impuestos, especialmente en un contexto de aumento en las tarifas de servicios públicos.
«Estamos enfrentando un posible déficit de energía el próximo año, lo que ya podría disparar las tarifas. Además, con el riesgo de racionamiento de gas natural, el costo para los consumidores podría aumentar en un 30 %. Cargar a los usuarios con un nuevo impuesto en este contexto es insostenible», señalaron voceros gremiales.
El gobernador Rendón defendió la necesidad del impuesto asegurando que los recursos son vitales para fortalecer la seguridad en Antioquia, ante la falta de inversión por parte del Gobierno Nacional en la Fuerza Pública. «En Antioquia elegimos hacer que las cosas pasen. Podría quedarme esperando a que el Gobierno de Petro mejore las condiciones de seguridad, pero eso no resuelve los problemas inmediatos que enfrentan los antioqueños», afirmó Rendón en una declaración pública.
Con la oposición del alcalde de Medellín, los diputados de Creemos y los gremios empresariales, el futuro del proyecto en la Asamblea Departamental es incierto. La propuesta no solo enfrenta divisiones políticas, sino también cuestionamientos sobre su viabilidad económica y el impacto en los usuarios del servicio de energía.
La discusión en la Asamblea será clave para definir si Antioquia avanza con este controvertido impuesto o si se buscarán alternativas para abordar las problemáticas de seguridad en el departamento.
