La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por ocho años al exconcejal de Medellín Juan Carlos Upegui, impidiéndole ejercer cargos públicos. Esta decisión, en primera instancia, se fundamenta en los mismos motivos que llevaron al Consejo de Estado a anular su elección y obligarlo a abandonar su curul. Según el fallo, Upegui estaba inhabilitado debido al nombramiento de su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, como rector encargado de una institución educativa en Medellín antes de las elecciones de 2023, situación que violaba la Ley 617 de 2000.
El fallo calificó la conducta de Upegui como “gravísima con culpa gravísima”, al considerar que aceptó el cargo de concejal a pesar de la inhabilidad. Esta norma prohíbe que aspirantes a cargos de elección popular tengan familiares ejerciendo autoridad administrativa en el mismo municipio dentro del año previo a las elecciones. Aunque la defensa de Upegui argumentó que el cargo de su padre no implicaba autoridad administrativa, tanto el Consejo de Estado como la Procuraduría concluyeron lo contrario.
Upegui, reconocido por su cercanía al exalcalde Daniel Quintero, dio a conocer la noticia en sus redes sociales y manifestó su inconformidad con la decisión. Anunció que apelará el fallo, asegurando que continuará luchando por recuperar sus derechos políticos. En sus palabras, afirmó que se trata de una decisión sin precedentes que afecta directamente su carrera pública.
La inhabilidad de Upegui ha tenido impacto en la política local, ya que su curul fue asumida por Camila Gaviria, del movimiento Creemos liderado por el alcalde Federico Gutiérrez. Este caso refleja las implicaciones legales de las normas de inhabilidad y pone de manifiesto las tensiones políticas en Medellín, mientras el exconcejal enfrenta una batalla legal para revertir la sanción.
