Un jurado federal en el estado de la Florida (EE. UU.) dictaminó este lunes 10 de junio que la multinacional del banano Chiquita Brands International deberá pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes y familiares de las víctimas de grupos paramilitares en Colombia. Acusada de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Chiquita no logró demostrar que los pagos realizados a este grupo terrorista para proteger a sus empleados fueran resultado de una «amenaza ilegal, inmediata e inminente». Además, la empresa norteamericana no pudo probar que «no tenía otra alternativa razonable» más que brindar asistencia a las AUC, según el veredicto.
El fallo, emitido por una corte de West Palm Beach después de una década de litigios, concluye que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó «una actividad peligrosa» que incrementó los riesgos para las comunidades locales, más allá de los peligros habituales. Como resultado, la multinacional ha sido condenada a indemnizar con 38,3 millones de dólares a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la violencia paramilitar durante la década de 1990 y principios del siglo XXI, especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).
«Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial», declaró Marco Simons, asesor general de Earth Rights International.
Chiquita Brands que cerró sus operaciones en Colombia en 2004, admitió en 2007 ante una corte de Nueva York haber pagado 1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos, alegando que fue «bajo presión». Los abogados de la multinacional afirmaron que no tuvieron más opción que realizar los pagos para proteger a sus empleados. Sin embargo, los familiares de las víctimas argumentaron que la empresa se asoció voluntariamente con las AUC para salvaguardar su negocio, no a los trabajadores. Tras una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., Chiquita se declaró culpable en 2007 de financiar a paramilitares, aunque no había indemnizado a las familias afectadas.
Este histórico fallo marca la primera vez que un jurado estadounidense considera responsable a una importante corporación estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país, estableciendo un precedente significativo para la justicia internacional.
