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a solicitud de la Procuraduría para apartar al concejal Juan Carlos Upegui de su curul ha generado un intenso debate político en Medellín. La petición se basa en la presunta inhabilidad del concejal para inscribirse como candidato en 2023, debido a un contrato que tuvo su padre como rector encargado de una institución educativa pública. La Procuraduría argumenta que esta situación viola las normas de ética pública y solicita al Tribunal Administrativo de Antioquia que declare la pérdida de investidura del concejal.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y líder del Movimiento Independientes, ha salido en defensa de Upegui, calificando la solicitud de la Procuraduría como una persecución política. Quintero asegura que su movimiento está siendo blanco de ataques y que la petición de eliminar a Upegui de su curul es un intento de debilitar a la oposición en el Concejo Distrital.
La Procuraduría, por su parte, argumenta que Upegui tenía conocimiento de la posible inhabilidad y que, a pesar de ello, aceptó ser candidato y ocupar su curul por el Estatuto de la Oposición, sin realizar las diligencias necesarias para asegurarse de que no estaba violando ninguna norma. Aunque la Procuraduría reconoce que no hubo dolo por parte del concejal, sí considera que su conducta fue grave.
El Tribunal Administrativo de Antioquia deberá evaluar las pruebas presentadas por ambas partes y decidir si procede la pérdida de investidura de Upegui. Mientras tanto, el debate sobre este caso continúa en el ámbito político, con posiciones encontradas respecto a la legalidad y las motivaciones detrás de la solicitud de la Procuraduría.
