E
n medio de la indignación y el cuestionamiento ciudadano, nos enfrentamos una vez más a la dolorosa realidad de la fragilidad de nuestra institucionalidad. El caso del turista estadounidense, Timothy Alan Livingston, de 36 años encontrado en una habitación de hotel en El Poblado en compañía de dos menores de edad, pone de manifiesto las grietas en nuestro sistema legal y de seguridad.
Es inaceptable que, pese a la rápida acción de la Policía Nacional y las autoridades competentes, el extranjero haya logrado salir del país sin enfrentar consecuencia alguna por sus presuntos actos delictivos. Por más ruedas de prensa con grandes titulares que se ofrezcan, la realidad es que la institucionalidad falló, y debemos asumirlo con responsabilidad.
Resulta desalentador escuchar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, brindar nuevos detalles sobre la investigación y afirmar que el caso no está cerrado, cuando en realidad el principal implicado ya ha abandonado el territorio nacional. ¿Qué mensaje envía a la sociedad? ¿Cómo podemos confiar en un sistema y una administración municipal que permite que los presuntos criminales escapen impunes?
Es incomprensible que durante el tiempo que el sujeto estuvo retenido en Colombia no haya sido procesado por ningún delito. ¿Dónde está la eficacia de nuestras leyes y de nuestras instituciones? ¿Cómo es posible que un individuo acusado de semejantes atrocidades pueda eludir la justicia de esta manera?
Es claro que este caso es un punto menos para la alcaldía de Medellín y las autoridades competentes. Por más que las autoridades den la cara, este es un fracaso de la justicia y la seguridad ciudadana. La lucha contra la explotación infantil y el turismo sexual debe ser prioritaria, y no podemos permitir que casos como este queden impunes.
Es hora de exigir respuestas claras y acciones contundentes por parte de nuestras autoridades. No podemos tolerar que la impunidad se imponga sobre la justicia. La sociedad colombiana merece un sistema legal y de seguridad que garantice la protección de los más vulnerables y que castigue con firmeza a quienes atentan contra su integridad. La institucionalidad debe ser fortalecida, y casos como este deben servir como un llamado de atención para trabajar en su mejora continua.
